Por María Luz Gianni Bosse
Iván Torres desapareció el 2 de octubre de 2003. Fue visto por última vez en la Comisaría 1ª de Comodoro Rivadavia. Lo levantó un patrullero en frente de una heladería, lo torturaron y lo mataron. Hay testigos, pero no hay imputados. Iván es una víctima más del negociado de la democracia que involucra a policías, reclutadores y altos funcionarios del gobierno para delinquir y no ser vistos, para armar zonas liberadas y que los pibes de barrio “hagan su trabajo”. Después, las pocas veces en que las desapariciones forman parte de la agenda mediática, lo que más se escuchan son voces de vecinos diciendo que “algo habrá hecho” o que en algo andaba.
A esta causa le siguen testigos detenidos que fueron torturados y finalmente muertos, como es el caso de Dante Camaño, Walter Mansilla y David Hayes, que vieron a Iván en la comisaría brutalmente golpeado, cuestión que era negada en un principio por los oficiales. Todos aquellos que dieron testimonio de una forma u otra, afirmando la presencia de Iván en la comisaría, tuvieron el mismo destino trágico. Juan Pablo Caba, cuñado de Iván, también fue detenido y torturado, pero tuvo la suerte de que no lo mataran. Las voces de los familiares muchas veces son silenciadas por los medios, que “no tienen lugar” en su agenda, y el eco de estas voces se pierden en un grito ahogado reclamando el cuerpo de los desaparecidos. Una cruel analogía existe entre estas desapariciones y los tiempos de la dictadura: torturas, desaparecidos, jefes policiales, botines en disputa y altos funcionarios del gobierno, que hacen oídos sordos a los reclamos legítimos. La madre de Iván instaló un colchón en frente de la comisaría exigiendo la aparición con vida de su hijo durante tres meses. No hubo respuestas, sí en cambio, existieron burlas hacía ella, su familia y su hijo. Familia y testigos formaron parte de un requerimiento de protección. Muchos de estos chicos que debían ser protegidos, fueron asesinados. Otra ¿coincidencia?. Definitivamente, es una cuestión política, que en un gobierno elegido por el pueblo, no prospere una denuncia por desaparición forzada.
Luciano Arruga, fue otro pibe que no arregló: “Si quiero zapatillas nuevas, se las pido a mi hermana”, le contestó a un reclutador a fines del 2008. Luciano tenía 16 años y vivía en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cuando fue interceptado por un patrullero en las calles Perú y Pringles. Testigos vieron como se lo llevaron a la fuerza y luego lo golpearon en la comisaría. Nunca volvió a la placita con sus amigos. Él no quiso pactar con la policía para delinquir como si lo hicieron los pibes de la Santo Vega, el barrio de al lado. El método es el mismo que se utilizó en la dictadura: zonas liberadas para que puedan actuar “los pibes chorros” y si algo salía mal, siempre había un chivo expiatorio al cual acusar. Los abogados de la causa ratifican que no tienen el cuerpo, la principal prueba. Y si algo se ha aprendido de la dictadura es que sin cuerpo, no hay verdad. “Ni muerto ni vivo, esta desaparecido”. Mientras tanto, en los pasillos de la Comisaría 8ª, las risas circulan sin detención. Los policías hoy involucrados en la muerte de Luciano, siguen trabajando aunque sus declaraciones los hayan implicado en la causa. Y su hermana Vanesa afirma con voz resignada que mientras estén los mismos policías trabajando amparados por la ley, su hermano no aparecerá.
La República Argentina será juzgada, este mes, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal que investiga las violaciones producidas por la acción policial. Desde este humilde lugar quisiéramos proponer que quizás deban también ser juzgados el silencio mediático y la complicidad política. La desaparición es un delito que involucra a las altas autoridades nacionales y que demuestra a donde se dirige hoy la violencia estatal.
Nada que agregar
Por Patricia Pargament
Qué más decir. Salvo que estos casos deben ser considerados en la gravedad que representan: desaparecidos en democracia, durante un gobierno que permanentemente hace eje en su discurso en los derechos humanos. Esos derechos no son solo aquellos que pueden citar las madres y abuelas de Plaza de Mayo cuando se refieren al pasado, deben ser reivindicados y defendidos también y más que nunca en democracia, aunque pueda sonar contradictorio. Los derechos humanos son siempre y son de todos, de los ricos y de los pobres, unos no excluyen otros más allá de lo que algunos quieran hacer creer al hablar despectivamente de los que quieren garantizar “los derechos humanos de los delincuentes”
Iván Torres desapareció el 2 de octubre de 2003. Fue visto por última vez en la Comisaría 1ª de Comodoro Rivadavia. Lo levantó un patrullero en frente de una heladería, lo torturaron y lo mataron. Hay testigos, pero no hay imputados. Iván es una víctima más del negociado de la democracia que involucra a policías, reclutadores y altos funcionarios del gobierno para delinquir y no ser vistos, para armar zonas liberadas y que los pibes de barrio “hagan su trabajo”. Después, las pocas veces en que las desapariciones forman parte de la agenda mediática, lo que más se escuchan son voces de vecinos diciendo que “algo habrá hecho” o que en algo andaba.
A esta causa le siguen testigos detenidos que fueron torturados y finalmente muertos, como es el caso de Dante Camaño, Walter Mansilla y David Hayes, que vieron a Iván en la comisaría brutalmente golpeado, cuestión que era negada en un principio por los oficiales. Todos aquellos que dieron testimonio de una forma u otra, afirmando la presencia de Iván en la comisaría, tuvieron el mismo destino trágico. Juan Pablo Caba, cuñado de Iván, también fue detenido y torturado, pero tuvo la suerte de que no lo mataran. Las voces de los familiares muchas veces son silenciadas por los medios, que “no tienen lugar” en su agenda, y el eco de estas voces se pierden en un grito ahogado reclamando el cuerpo de los desaparecidos. Una cruel analogía existe entre estas desapariciones y los tiempos de la dictadura: torturas, desaparecidos, jefes policiales, botines en disputa y altos funcionarios del gobierno, que hacen oídos sordos a los reclamos legítimos. La madre de Iván instaló un colchón en frente de la comisaría exigiendo la aparición con vida de su hijo durante tres meses. No hubo respuestas, sí en cambio, existieron burlas hacía ella, su familia y su hijo. Familia y testigos formaron parte de un requerimiento de protección. Muchos de estos chicos que debían ser protegidos, fueron asesinados. Otra ¿coincidencia?. Definitivamente, es una cuestión política, que en un gobierno elegido por el pueblo, no prospere una denuncia por desaparición forzada.
Luciano Arruga, fue otro pibe que no arregló: “Si quiero zapatillas nuevas, se las pido a mi hermana”, le contestó a un reclutador a fines del 2008. Luciano tenía 16 años y vivía en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cuando fue interceptado por un patrullero en las calles Perú y Pringles. Testigos vieron como se lo llevaron a la fuerza y luego lo golpearon en la comisaría. Nunca volvió a la placita con sus amigos. Él no quiso pactar con la policía para delinquir como si lo hicieron los pibes de la Santo Vega, el barrio de al lado. El método es el mismo que se utilizó en la dictadura: zonas liberadas para que puedan actuar “los pibes chorros” y si algo salía mal, siempre había un chivo expiatorio al cual acusar. Los abogados de la causa ratifican que no tienen el cuerpo, la principal prueba. Y si algo se ha aprendido de la dictadura es que sin cuerpo, no hay verdad. “Ni muerto ni vivo, esta desaparecido”. Mientras tanto, en los pasillos de la Comisaría 8ª, las risas circulan sin detención. Los policías hoy involucrados en la muerte de Luciano, siguen trabajando aunque sus declaraciones los hayan implicado en la causa. Y su hermana Vanesa afirma con voz resignada que mientras estén los mismos policías trabajando amparados por la ley, su hermano no aparecerá.
La República Argentina será juzgada, este mes, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal que investiga las violaciones producidas por la acción policial. Desde este humilde lugar quisiéramos proponer que quizás deban también ser juzgados el silencio mediático y la complicidad política. La desaparición es un delito que involucra a las altas autoridades nacionales y que demuestra a donde se dirige hoy la violencia estatal.
Nada que agregar
Por Patricia Pargament
Qué más decir. Salvo que estos casos deben ser considerados en la gravedad que representan: desaparecidos en democracia, durante un gobierno que permanentemente hace eje en su discurso en los derechos humanos. Esos derechos no son solo aquellos que pueden citar las madres y abuelas de Plaza de Mayo cuando se refieren al pasado, deben ser reivindicados y defendidos también y más que nunca en democracia, aunque pueda sonar contradictorio. Los derechos humanos son siempre y son de todos, de los ricos y de los pobres, unos no excluyen otros más allá de lo que algunos quieran hacer creer al hablar despectivamente de los que quieren garantizar “los derechos humanos de los delincuentes”
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